Cuando se habla de los grupos que hoy se manifiestan contra la ley del aborto y se les denomina (o se auto denominan) grupos provida, me fastidia. Y esto me ocurre porque provida somos casi todos los ciudadanos. A nadie nos gusta la muerte. Estos grupos se les debería denominar tal cual son, antiabortistas. Porque es una opción más, pero que lo digan claramente.

Yo no comparto esta opción y menos que traten de imponer su opinión al común de los mortales. Pero es que además es hipócrita, ya que la nueva ley va a ser más restrictiva que la actual, los supuestos están más definidos, da más garantías a las mujeres que por sus circunstancias vitales, personales, económicas, etc.. decidan interrumpir voluntariamente su embarazo y además incluye, en su parte principal, la clave de todo este asunto: la prevención.

Todos coincidiremos que llegar a la situación de que una mujer tenga que realizar una interrupción voluntaria del embarazo es un fracaso para las administraciones, pero se debe garantizar su libertad de elección, como última opción cuando en base a sus circunstancias, así lo decida.

Pero debemos evitar que esta circunstancia se de. Y aquí es donde la prevención se demuestra como fundamental. Garantizar (como lo hace esta ley) la información y la educación sexual lejos de prejuicios éticos, religiosos o morales es fundamental para que una joven llegue a la situación, siempre tan complicada, de tener que tomar una decisión ante un embarazo no deseado.

Esto contrasta notablemente con la acción de gobiernos autonómicos que, como el de Madrid, financia anualmente con 700.000 € a estas entidades antiabortistas, a través de Red de Madres, que lo que persigue es, fundamentalmente, convencer a una joven que sufre un embarazo no deseado, que no aborte. Frente a esto, cada vez se están reduciendo los recursos e infraestructuras destinadas a la prevención. El cierre de la linea 900 de atención e información sexual a jóvenes; el cierre, durante los fines de semana, del Centro Joven de anticoncepción y sexualidad de Madrid, el desmantelamiento de los centros de planificación familiar o la prácticamente nula promoción de talleres de salud sexual y reproductiva en los centros educativos son ejemplos claros. Para estos fines sólo se destinan 200.000€.

¿No sería más razonable invertir o igualar esta pirámide para evitar que una joven se quede embarazada?

Quizás, el hecho de que su política sea tan poco razonable, justifica que tengamos la tasa de embarazos no deseados más alta de toda España situada en el 23’6 por cada mil jóvenes, 9 puntos por encima de la media nacional. Esto demuestra que algo se esta haciendo mal, lo que demuestra la hipocresía de los que hoy se manifiestan, entre ellos, Aguirre.

Por eso, esta ley es tan necesaria.