Es necesario recordar los datos, para ver el alcance que ha supuesto esta medida que adoptó el Gobierno socialista, ante la realidad de que España tenía la edad de emancipación de sus jóvenes entre las más altas de toda Europa, situándose la media en los 31 años. España tiene a 5 millones de jóvenes menores de 30 años viviendo aún en casa de sus padres. Suponía, por tanto, un cambio en el modelo de acceso a una vivienda que tradicionalmente había tenido nuestro país y que había sido heredado del franquismo, donde los jóvenes se casaban a una edad temprana y automáticamente se iban a vivir a una vivienda en propiedad.

En tan sólo dos años y sin haber dado tiempo a cambiar este modelo, para el que evidentemente es necesario mucho más tiempo, solicitaron esta ayuda (210€ al mes) medio millón de jóvenes españoles. Más de 300.000 vieron concedida su solicitud y pudieron cumplir su sueño de salir del hogar familiar. Sin embargo, ya no podrán hacerlo más jóvenes.

Además, en la situación actual de crisis económica, donde la ralentización en la construcción de nuevas viviendas es un hecho y las dificultades para el acceso a un crédito hipotecario son una realidad que, unida al boom inmobiliario de los años anteriores derivado de la liberalización del suelo en el año 2000, ha llevado a que nuestro país cuente con uno de los mayores parques de vivienda vacía de toda Europa. Según diversos estudios, el número de viviendas en esta situación en España rondaría los tres millones y medio, lo que supone un 13,2% sobre el total.

A nadie se le escapa que la mejor solución para sacar al mercado estas viviendas es el alquiler, aunque las intenciones finales del propietario sea su venta definitiva, una vez haya pasado la crisis económica. El mayor problema para estos propietarios estriba en el miedo al cobro y la situación en la que se queda la vivienda una vez deja de estar alquilada. Sin embargo, con las políticas realizadas por el anterior Gobierno a través de la Sociedad Pública de Alquiler, esta situación desaparece, otorgando las garantías necesarias al propietario para sacar su vivienda al mercado del alquiler. Asimismo, la RBE provocaba la rebaja de los precios del alquiler para hacerlos mucho más competitivos y por lo tanto, también se hacían beneficiarios de su acción otros jóvenes a los que no se les había concedido, por razones económica, de edad, etc.

Pero el Partido Popular ha decidido volver al modelo que infló la burbuja inmobiliaria tras la modificación de la Ley del Suelo del año 2000, apostando por la vivienda en propiedad. Sin embargo, este tipo de política nos hace divergir con Europa, donde de media el 36% del parque residencial (170 M. viviendas) está en alquiler. En España este porcentaje se reduce a tan sólo el 13%. Si analizamos los datos de Eurostats, país por país, vemos que en Alemania, Holanda o Francia, la edad de emancipación se sitúa en torno a los 24 años. En ellos, el porcentaje de viviendas en propiedad es tan sólo del 30%, 48% y 54% respectivamente. Por lo tanto, la política de promoción del alquiler está muy relacionada con rebajar la edad de emancipación.

Tras las primeras decisiones del nuevo Gobierno del PP, a los jóvenes, sólo les quedará la opción de la adquisición de una vivienda en propiedad y por lo tanto deberán esperar a tener un empleo estable y unas condiciones económicas solventes para que los bancos les otorguen un crédito hipotecario y así poder salir de casa de sus padres. Y para ello, tendrán que esperar varios años, hasta que la crisis económica escampe, baje el número de parados y los bancos vuelvan a otorgar créditos. Por lo tanto, no es difícil aventurar un nuevo repunte en la edad de emancipación.

No me extraña que, ante este panorama, muchos jóvenes se estén planteando cambiar de país y esperar a tiempos mejores. ¿No es esto una manera de volver al pasado del que tanto deseábamos huir?

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A nadie le habrá sorprendido este anuncio. Es el modelo que siempre ha defendido el Partido Popular en Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, en el Gobierno de España y hasta en el Consejo de Administración de Radio Televisión Española. No es el primer amago en este sentido, pero la situación de poder territorial con el que cuenta el Partido Popular en estos momentos agrava, más si cabe la situación, ya que de promoverse en estos momentos, con el poder territorial con el que cuentan, puede llevar al traste con todos los entes públicos que existen a lo largo y ancho del territorio nacional.

Las emisoras públicas, de radio y televisión, nacieron con el objetivo de cumplir con el artículo 20 de la Constitución Española, donde se recoge el derecho a la libertad de expresión y la garantía a la pluralidad informativa. Asimismo, la actividad de los medios de comunicación de titularidad pública ha de regirse por un criterio de servicio público, “esencial para la comunidad y la cohesión de las sociedades democráticas que tiene por objeto la producción, edición y difusión de un conjunto de canales de radio y televisión con programaciones diversas y equilibradas para todo tipo de público, cubriendo todos los géneros y destinadas a satisfacer necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad española; difundir su identidad y diversidad culturales; impulsar la sociedad de la información; promover el pluralismo, la participación y los demás valores constitucionales, garantizando el acceso de los grupos sociales y políticos significativos”, tal y como recoge la ley que regula la radio y televisión de titularidad pública estatal.

Es evidente que los únicos medios que pueden garantizar estos derechos son los de titularidad pública, porque son sometidos al control público de los partidos políticos y porque no se rigen por la cuenta de resultados en sus contenidos.

Al privatizar todos los medios de comunicación públicos, a nadie le sorprendería que cayesen en manos de empresas cercanas al PP, sumándose a un espectro mediático que, tras las últimas fusiones, estaría, casi en exclusividad, en manos de empresas con una clara línea editorial conservadora.

Esta línea les ha llevado a ejercer de amplificadores de las opiniones y estrategias de Mariano Rajoy. Muestra de ello es el cambio en los titulares que, prácticamente, se ha producido en la totalidad de ellos. Antes, se abrían informativos y periódicos expresando que la crisis era culpa del Gobierno del PSOE. Ahora, ya con un gobierno del PP nombrado, se culpabiliza de todo lo que ocurre a Estados Unidos y a Europa.

Lo que antes eran campañas orquestadas y agresivas contra el Gobierno Socialista, por ejemplo con la subida del IVA, ahora se justifica que el nuevo Gobierno Popular no vaya a cambiarlo porque estamos en niveles inferiores a los de Europa.

Donde antes se criticaba, por activa y por pasiva, la rebaja de los sueldos de los funcionarios porque eran intocables, ahora se aplaude y se arenga el anuncio de Mariano Rajoy de acometer una reforma de la función pública, acometiendo incluso, el despido de cuantos funcionarios necesarios.

Cuando antes se bramaba y clamaba en tertulias sectarias, cuya pluralidad se sitúa entre la extrema-derecha y derecha moderada, por el anuncio del PSOE de elevar la edad de jubilación a los 67 años, ahora, tras el anuncio de Rajoy de no tocar esta edad de jubilación, “porque es un compromiso adoptado con Europa”, o se le aplaude (a pesar de haber mostrado su oposición en el parlamento) o desaparece de cualquier informativo, incluidos los públicos.

La diferencia de los dos modelos de gestión al frente de medios de comunicación públicos han sido más que evidentes durante la anterior legislatura. Para muestra dos ejemplos: Telemadrid ha ido perdiendo audiencia años tras año, quizás porque los ciudadanos madrileños se han hartado de la falta de pluralidad de sus informativos y de la poca calidad de sus contenidos, de producción cada vez más externalizados. Frente a este modelo se encuentra el de RTVE, que se ha convertido en líder de audiencia en muchos tramos horarios y se le han otorgado varios premios a la calidad y pluralidad de sus informativos.

En cualquier caso, parece que se avecinan malos tiempos para los buenos profesionales de la información, los que siempre han defendido la pluralidad informativa y no se han plegado a las imposiciones de los intereses mercantiles. Son malos tiempos para aquellos profesionales que han defendido la utilidad de los medios de comunicación públicos y su vocación de servicio. También los son para los ciudadanos que demandan una programación de calidad y unos informativos veraces y plurales, no el argumentario de un partido político. Quizás comienza la era de los medios de comunicación 2.0.

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Sin embargo, ya se puede apuntar algunas cuestiones que se han ido anunciando y que se puede aclarar en este discurso de investidura. Se anuncian recortes, entre los que se encuentra la eliminación de la Renta Básica de Emancipación o la prioridad de llevar a cabo una reforma laboral para la que Mariano Rajoy se ha comprometido a tener en cuenta un documento remitido por el BCE en el que se solicita, entre otras cuestiones, el establecimiento de una nueva categoría laboral conocida como mini-jobs o mini-empleos.

Esta categoría laboral establece sueldos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (641,40 euros en 2011). De este modo, la remuneración mensual máxima ascendería a 400 euros, el empleado no pagaría impuestos y abonaría las cotizaciones sociales de forma voluntaria. Es necesario recordar que esta iniciativa rompería con la tendencia llevada en los últimos años por el Gobierno del PSOE de ir incrementando los salarios en España, subiendo cada vez más el Salario Mínimo (desde 2004, que era de 460,50€, se ha incrementado en un 40%).

La pensión que quedaría para un trabajador dentro de esta categoría, en el caso de cobrar el máximo de 400, ascendería a menos de tres euros por año trabajado. Para atajar este problema, existe la opción de añadir el 4,5% de los ingresos a la cuota del 15% que paga el empresario al seguro de pensiones.

El empleador abonaría el 2% a Hacienda y el 28% a la Seguridad Social; el 15% al seguro de pensiones y el 13% al de enfermedad. De esta forma la deducción total ascendería al 30% (120 euros por un salario de 400 euros; es decir, que el empresario deberá pagar un total de 520 euros).

No obstante, si voluntariamente el trabajador añade el 4,5% de sus ingresos a la cuota del 15% que paga el empresario al seguro de pensiones (para ingresos de 400 euros serían 18 euros), el derecho adicional a la pensión ascenderá a 4,28 euros

Otra ventaja de la deducción de esta cuota voluntaria es que cada mes trabajado se cotiza como un mes completo de trabajo con pleno derecho a pensión, siempre que el período de cotización haya alcanzado un mínimo de cinco años. Las personas bajo este régimen laboral tienen derecho a vacaciones pagadas, bajas por maternidad y enfermedad y a los plazos de despido.

Este tipo de contratos, que a priori tendrían sentido para algunos sectores de la población sin cualificación profesional, mujeres que quieren conciliarlo con la vida familiar y pensionistas, corre el riesgo de estandarizarse y precarizar el panorama laboral. Por ejemplo, en Alemania ha traído como consecuencia que el 25% de la población laboral tenga contratos precarios y podría acarrear más desigualdades laborales entre hombres y mujeres, retrocediendo varios años en las relaciones laborales.

Allí no se consideran mini-empleos los períodos de formación profesional aunque la remuneración no supere esa cifra. Sin embargo, entre las propuestas de la CEOE en la que se incluye esta modalidad de contrato, se atisba la posibilidad de aplicar esta modalidad laboral también a los jóvenes, a modo de contrato de “aprendiz”.

Las centrales sindicales ya han mostrado su rechazo más profundo a esta medida, que fue desechada en su momento por el anterior ejecutivo. Sin embargo, desde la CEOE, se sigue insistiendo en ella, así como en otras medidas como la reducción de la indemnización por despido a 12 días por mes trabajado o romper con los convenios colectivos de carácter nacional y regional y establecer nuevas relaciones trabajador-empresa, obviando a los sindicatos.

La senda de la reforma laboral está transitando por la vía del desacuerdo social. En su día, el Gobierno de Zapatero, que tampoco consiguió este acuerdo, optó por el camino de en medio. Aprobó una serie de iniciativas que ni contentó a los sindicatos ni tampoco a la patronal.

Ahora Rajoy anuncia lo mismo. Si no hay acuerdo legislará y hará lo que tenga que hacer. El miedo que tienen muchos trabajadores, que no es baladí por lo que ha defendido el partido popular durante estos años en la oposición, es que recojan únicamente las demandas de la patronal y se produzca el mayor retroceso de la historia en los derechos de los trabajadores.

El empleo ha de ser una prioridad. Estamos de acuerdo. Pero no todo vale para reducir las cifras de desempleo. Si transitamos por la vía de la precarización laboral con la excusa de la crisis, para reducir costes y ser más competitivos, nos pondremos al nivel de países que se encuentran a años luz de nuestras relaciones laborales. Sirva de ejemplo la explotación laboral de China o La India. Trabajadores altamente productivos y sin embargo condenados a una vida miserable. ¿Es esto lo que queremos?

El camino está, no tanto en reducir los costes de la mano de obra, sino en ser más competitivos apostando por la I+D+i. Un empresario, con dificultades económicas, no va a contratar más trabajadores, por muy poco que sea su sueldo, si no tiene créditos para seguir invirtiendo en su negocio. Esto requiere de inversión por parte del Gobierno de turno (contradictorio con los recortes) y por la reforma del sector financiero para que se empiecen a otorgar estos créditos. Además se necesita reactivar el consumo (para que las empresas den salida a su producto) y el camino de la bajada de sueldos no parece la mejor solución para que los ciudadanos consuman más.

En breve veremos cuál es el camino que emprende Mariano Rajoy, que sin duda, marcará la conflictividad para toda la legislatura.

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Lo que no llega a los medios de comunicación y por tanto al conjunto de los militantes socialistas es el debate que se está produciendo en las redes sociales. Bajo los hashtags #bases38 o #reiniciandoPSOE son muchos (militantes y simpatizantes socialistas) los que están debatiendo sobre lo que creen necesario cambiar en el partido, cómo fortalecerlo democráticamente y, sobre todo, cómo establecer nuevos cauces de participación, usando para ello las posibilidades que las Nuevas Tecnologías nos ofrecen. Estas opiniones son tan respetables e importantes como la de cualquier otro militante o dirigente.

Las principales propuestas se focalizan en la elección de los dirigentes políticos con la votación de todos los militantes. Si realizamos una lectura rápida de estos espacios veremos que el lema “Un militante, un voto” es el más repetido, habiéndose planteado hasta una elección virtual del Secretario General del PSOE a través de una votación en las redes sociales el próximo 29 de enero. Además se tocan otros aspectos como la multiplicidad de cargos o la transparencia de los mismos, que sin duda son propuestas que merecen toda la atención.

Soy un firme defensor de las redes sociales, no sólo intelectual sino también profesionalmente. Nadie hoy duda que puedan ser una herramienta que ayude a la profundización democrática, al facilitar el acceso de cada usuario a la información de primera mano y, a su vez, hacer que llegue su opinión a muchos miles de personas, con la misma dimensión que un medio de comunicación tradicional. En los partidos políticos, por tanto, también se configura como un excelente canal a través del cual, cada militante puede expresar públicamente lo que considere oportuno, aportar, debatir o incluso criticar, siempre desde la corrección en los argumentos y el respeto mutuo, como en otros ámbitos de la vida.

Es habitual que la sociedad (entre la que se encuentran los militantes de los partidos políticos) avance más rápidamente de lo que permiten sus estructuras, demostrando que son poco permeables a los cambios y demandas sociales. A todo esto no es ajeno el Partido Socialista. Las nuevas tecnologías y su papel interno pueden jugar una baza fundamental en el futuro como elemento de interconexión con la sociedad. Por lo tanto, en el próximo Congreso, es una tarea ineludible que se tendrá que abordar para buscar una solución a su plena integración con la estructura orgánica.

Pero mientras tanto, compete a la dirección federal saliente dar cauce a esta demanda actual que es importante y digna de consideración. Se pueden aportar muchas ideas a través de las redes sociales, pero ha de ser coordinado y dirigido por los encargados de lanzar el debate de la ponencia política del 38º Congreso. Se ha de hacer con plazos, habilitando plataformas para la expresión de estas ideas, organizando encuentros y profundizando en los mecanismos de participación.

Pero la dirección federal tampoco se puede olvidar de los espacios de participación tradicional del partido. En estos momentos la estructura es la que es, quizá obsoleta, pero no parece razonable cambiar las reglas del juego mientras se disputa el partido. Sin embargo, si que se puede habilitar, recomendar o incluso demandar que las Agrupaciones Locales y las Federaciones Regionales sigan un protocolo de actuación que fomente los debates entre los militantes y, por qué no, simpatizantes socialistas.

La unión y bidireccionalidad de ambas vías garantizará un debate fructífero y muy enriquecedor. En una ocasión, un insigne militante socialista me dijo: “Es mas difícil equivocarse cuando las decisiones se adoptan entre muchos que cuando lo hacen unos pocos”. Estas sabias palabras deberían tenerlas presentes todos los militantes, pero especialmente sus dirigentes. Se tiene un duro reto por delante pero facilitando esta suma de opiniones se ayudará, sin duda, a que nazca un proyecto sólido e ilusionante.

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El voto del Partido Popular, prácticamente, se ha mantenido estable, como viene ocurriendo, por otro lado, en las últimas citas electorales. Sin embargo, la pérdida socialista de cuatro millones de votos se ha trasformado en una fragmentación considerable, reforzando la presencia institucional de Izquierda Unida, UPyD y el nacionalismo abertzale, que requiere de un análisis aparte de estas líneas.

Por lo tanto es fácil aventurar que la importante victoria electoral de Mariano Rajoy no está ligada a un apoyo social ideológico, sino más bien a un voto de castigo al PSOE, fruto de la indignación y desafección hacia el que aún sigue siendo el principal partido de la izquierda española. Por lo tanto, el Partido Popular no lo va a tener fácil. Los ciudadanos no le van a dar tregua y le van a exigir que aplique sus supuestas soluciones de manera inmediata. Con una victoria electoral no van a desaparecer los parados, los empresarios no van a conseguir el dinero que necesitan para generar empleo, los dependientes van a curarse milagrosamente o lo jóvenes van a poder pagar una vivienda.

Por otro lado, muchos militantes socialistas se plantearán hoy si la decisión de elegir a Rubalcaba fue la correcta, pero lo cierto es que debido a los acontecimientos no había tiempo de probaturas ni de inventos electorales. Posiblemente, con otras opciones, el resultado electoral hubiese sido similar. Por lo tanto, ahora toca reflexionar. Es necesario un congreso sin prisas. Un congreso que sirva para cambiar, reflexionando los porqués de este resultado electoral y el del pasado mayo. Un congreso que se preocupe más de adecuar nuestras estructuras, nuestros discursos y nuestro papel al frente de la oposición con lo que nos demanda nuestro electorado.

Es tiempo de escuchar a militantes y simpatizantes. De abrir el partido de verdad y de contar con la opinión de todos y todas. Hay instrumentos para ello. Es tiempo de dejar de mirarnos el ombligo y de pensar más en el interés colectivo que en el interés particular. Para todo esto se requiere de tiempo, pero también de acción. Hay que poner a toda la organización a funcionar con este objetivo. Para ello hay que fortalecer los instrumentos democráticos de los que nos dotamos, fortalecer la pluralidad y abrir los debates que sean necesarios. Es más el momento de las ideas que de las personas, porque hacer bien las cosas nos llevará a elegir mejor a quienes tienen que ejercer los liderazgos en todos los ámbitos territoriales y a motivar de nuevo a los ciudadanos en estos tiempos tan difíciles que aún tienen que venir. Por este motivo, no sólo tiene que reflexionar el Partido Socialista. Lo deben hacer también los otros partidos que han recibido sus votos prestados.

Izquierda Unida no puede estar contenta con el resultado electoral, porque ahora gobierna la derecha en nuestro país y está dispuesta a aplicar sus recetas liberales, y posiblemente los recortes sociales que ya aplicó cuando gobernó en tiempos de bonanza económica. Debe por tanto replantearse sus apoyos institucionales en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, que en algunos casos ha llevado a gobernar a la derecha. Los contrapesos ante una España coloreada de azul son imprescindibles y por lo tanto la unidad institucional de la izquierda es más necesaria que nunca.

UPyD tiene que aterrizar en la política de una vez. Aclarar sus posiciones y abandonar el populismo y los discursos vacíos. Ayudar a recuperar la credibilidad en la política en lugar de seguir poniendo chinitas en el camino. Sin esta credibilidad, tardaremos más en salir de la crisis.

No hay tiempo para la desesperanza. Tenemos una obligación con muchas personas, nos hayan apoyado o no. No hay tiempo para el inmovilismo. Pongámonos manos a la obra y demos lo mejor de nosotros para recuperar el terreno perdido lo antes posible, pero de forma sólida. Es la mejor fórmula para seguir defendiendo los avances sociales que hemos conseguido tras muchos años de lucha y que pueden estar en riesgo.

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Su alta participación fue clave. Las políticas del Partido Popular resultaron muy agresivas hacia ellos, bien porque les eran lesivas directamente o porque chocaban frontalmente con sus valores ideológicos. La presencia española en la guerra de Irak o la mala gestión y las mentiras del desastre ecológico del Prestige en lo ideológico y el decretazo en políticas de empleo que provocó una Huelga General, la Ley Orgánica de Universidad (LOU) o la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOCE) que afectaba directamente a sus derechos, llevó a una movilización masiva de los jóvenes.

José Luis Rodríguez Zapatero, durante la rueda de prensa que concedió a los medios de comunicación tras conocerse su victoria electoral, dirigió sus palabras especialmente hacia ellos, comprometiéndose a no olvidarlos y afirmando que no les iba a fallar.

Acabando ya la legislatura, si realizamos un balance de su gestión, podemos afirmar que no lo ha hecho. A los pocos días al frente del ejecutivo retiró las tropas de Irak. Poco después derogó la LOU y reformó la LOCE, todo ello contando con la opinión de las principales asociaciones estudiantiles. Adquirió un compromiso de apuesta por las energías renovables y durante esta legislatura hemos alcanzado la mayor producción en la historia de nuestro país de energía proveniente de las renovables.

Además, los jóvenes demandaban constantemente una mejora en los derechos sociales, a través del movimiento altermundista, germen en España del hoy conocido como movimiento 15M. Y en esto tampoco les ha fallado. Durante estas dos legislaturas se han puesto en marcha leyes pioneras en todo el mundo, como la del matrimonio entre personas del mismo sexo y la Ley de Igualdad. Se ha reformado la Ley del Aborto y se ha permitido el acceso libre a métodos anticonceptivos como la píldora del día después.

En lo laboral ha seguido ampliando derechos entre un sector muy demandado por los jóvenes: los becarios. Desde hace unos meses, también serán cotizantes a la seguridad social. La medida afectará no sólo a los que en la actualidad se encuentran incluidos en diversos programas de formación, sino que 200.000 jóvenes podrán acogerse a este decreto con carácter retroactivo. Asimismo, en el ámbito de la vivienda, se instauró la Renta Básica de Emancipación. Gracias a ella, muchos jóvenes han podido abandonar la casa de sus padres.

Por lo tanto, si el Partido Socialista no les ha fallado, ¿por qué todas las encuestas recogen un cambio de tendencia en el apoyo electoral de losjóvenes españoles? La respuesta la encontramos en la abstención. Si analizamos los datos de la encuesta publicada en la Revista Temas del pasado mes de octubre podemos observar que un 48,6% de los menores de 30 años aún no tienen decidido su voto o bien no votarán o lo harán en blanco. Este dato contrasta notablemente con los de la encuesta realizada en 2003, previa a las Elecciones Generales, donde este porcentaje era tan sólo del 27,6%.

El motivo de este dato tan revelador puede tener dos raíces. Por un lado el descrédito de los políticos generado por la actitud del Partido Popular y los medios de comunicación afines, instalados en el todo vale y en la insidia constante. En establecer diferentes varas de medir para la corrupción o en no arrimar el hombro para solucionar los problemas, sobre todo en temas tan capitales como la crisis económica o el terrorismo de ETA. Por otro lado, la situación personal que les ha generado la crisis económica mundial, a la que no han sido capaces de poner freno ningún gobierno, llevando a muchos de ellos al desempleo.

Esto ha provocado en los jóvenes una actitud de desidia lógica que, por un lado les lleva a pensar que da igual lo que voten y que todos los políticos son iguales y por otro a organizarse a través de Internet para acabar con el bipartidismo pidiendo reformas electorales que favorezcan la participación o buscando refugio en otras opciones electorales que hoy por hoy no son una alternativa factible.

Pero nada más lejos de la realidad. El sistema electoral es el que es y con él se va a votar en las próximas elecciones del 20N. Todos los partidos políticos merecen un respeto, pero por su trayectoria, historia y base sociológica sólo dos pueden optar a alcanzar el gobierno de la nación. Uno, según todas las encuestas, con una mayoría absoluta sin precedentes en nuestra corta democracia y con un poder territorial prácticamente absoluto. La otra opción, la que ha venido defendiendo con hechos y contando con la opinión de los ciudadanos en su acción de Gobierno durante los últimos siete años.

La fragmentación del voto en la izquierda, en esta ocasión no es la solución. Tampoco lo es la abstención o el voto nulo porque reforzaría la mayoría absoluta del PP. Mucho menos apostar por otro color ideológico para “dar confianza a los mercados”, ya que se ha comprobado en otros países europeos no resolver la situación.

Quizás no todo se haya hecho bien durante la crisis económica, pero aún hay mucho por lo que pelear Sin duda habrá que buscar soluciones para acabar con el desempleo mientras seguimos avanzando en derechos sociales o en participación ciudadana. El 20N hay que optar entre hacerlo desde una perspectiva progresista, garantizando los derechos, o desde una perspectiva conservadora, atendiendo las demandas de los que generaron esta crisis. El PP ya demostró que los jóvenes nunca han sido su prioridad. El PSOE, como se ha demostrado, no les fallará.

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